En contextos de incertidumbre social, expansión de la informalidad económica y erosión de la confianza institucional, nos preguntamos cuáles principios permiten sostener sociedades estables y prósperas. Dentro de estos debates, el conservadurismo político y social ha sido revisitado por la teoría política contemporánea no como postura partidista, sino como tradición intelectual centrada en la estabilidad institucional, la continuidad social y la responsabilidad cívica.
El conservadurismo, en su acepción filosófica clásica, no se define por la oposición al cambio, sino por la idea de que las transformaciones sociales deben ser graduales, planificadas, progresivas y responder a modificaciones institucionales, permitiendo la cooperación y el desarrollo social a lo largo del tiempo (Burke, 1790/2009). Desde esta perspectiva, instituciones como la ley, la familia, la empresa y la propiedad privada no son meras construcciones jurídicas, sino estructuras sociales que reducen la incertidumbre y hacen posible la vida en común. Edmund Burke, considerado uno de los fundadores del pensamiento conservador moderno, sostenía que las instituciones son el resultado de la experiencia acumulada de generaciones y que su destrucción apresurada suele
generar más costos sociales que beneficios. Esta idea encuentra eco en la economía institucional contemporánea, donde se ha demostrado que la estabilidad de las reglas formales e incluso las informales favorece la cohesión social y la inversión de largo plazo.
Douglass North (1990) argumentó que las instituciones reducen la incertidumbre en la interacción humana al proveer estructuras estables de expectativas; cuando las normas son previsibles y se cumplen, disminuyen los costos de transacción y aumentan per sé la actividad productiva. Desde esta óptica, el énfasis conservador en la continuidad institucional no es ideológico, sino funcional al desarrollo.
En el debate político contemporáneo suele presentarse una dicotomía entre orden y libertad, sin embargo, el orden jurídico es precisamente lo que hace posible la libertad individual. Friedrich Hayek (1960) sostenía que la libertad solo puede existir dentro de un marco de normas generales y abstractas que se apliquen de manera imparcial.
El orden social, entendido como cumplimiento generalizado de reglas, permite previsibilidad en la conducta de los demás y reduce el riesgo de arbitrariedad. Cuando el cumplimiento normativo es débil o selectivo, la libertad se vuelve frágil, pues el ciudadano respetuoso de la ley queda en desventaja frente al infractor.
En este sentido, el orden no implica autoritarismo, sino institucionalidad efectiva y la libertad está precedida de la seguridad y claridad en las reglas
Desde una perspectiva institucional, la legalidad protege especialmente a los más vulnerables, pues les ofrece marcos de garantía frente a abusos. Sociedades con mayor cumplimiento normativo presentan mayores niveles de confianza social y crecimiento sostenido (North, 1990).
La informalidad económica ha sido ampliamente estudiada en América Latina como fenómeno asociado a debilidad institucional. Hernando de Soto (2000) mostró cómo la ausencia de derechos de propiedad formalizados limita la capacidad de los sectores populares para convertir activos en capital productivo. La informalidad, aunque surge
como estrategia de supervivencia, termina restringiendo el acceso al crédito, la protección jurídica y la movilidad
social.
La obligación del Estado, por ello, es buscar las estrategias, crear las políticas y generar las condiciones para que la informalidad económica sea muy temporal y las familias puedan superar esta condición hacia una economía sólida y próspera.
La sociología contemporánea ha documentado el papel de la familia en la generación de capital social. Robert Putnam (2000) mostró que la densidad de redes en la sociedad y la confianza interpersonal influyen directamente en el desempeño institucional y económico de las sociedades. La familia constituye el primer espacio de socialización en normas de reciprocidad, responsabilidad y cooperación. Los entornos familiares estables se
correlacionan con mejores resultados educativos y menor probabilidad de vinculación a economías ilícitas.
La protección de la familia, en este marco, no implica uniformidad de modelos familiares, sino reconocimiento de su rol en la cohesión social.
El conservadurismo valora la familia porque cumple funciones que ni el mercado ni el Estado pueden reemplazar completamente, me refiero a la protección emocional primaria, la transmisión de normas sociales, el apoyo económico en momentos de crisis, el cuidado de niños y adultos mayores y la formación de identidad y pertenencia, entre otras. Desde esta óptica, la preocupación conservadora no surge por controlar la vida privada, sino por
reconocer que cuando la estructura familiar se debilita de forma masiva, suelen aumentar costos sociales que luego recaen en el Estado (mayor deserción escolar, problemas de salud mental, pobreza intergeneracional, etc.).
La libertad de empresa ha sido reconocida por la economía política como factor central del crecimiento económico.
La posibilidad de emprender y competir genera innovación, empleo y diversificación productiva. Acemoglu y Robinson (2012) destacan que las instituciones económicas inclusivas —que permiten participación amplia en la actividad productiva— son clave para la prosperidad de las naciones.
La empresa no solo produce bienes y servicios; también genera redes de cooperación social, aprendizaje, movilidad social e incluso estabilidad emocional. Limitar la libertad de empresa reduce el dinamismo económico, concentra las oportunidades y facilita el camino hacia saltarse las reglas.
El conservadurismo también enfatiza la responsabilidad individual como complemento de los derechos ciudadanos.
Fukuyama (1995) señala que las sociedades con altos niveles de confianza social tienden a exhibir mayores niveles de cumplimiento normativo y cooperación espontánea. La cultura del deber, la cultura cívica, o ciudadana fortalece la autonomía personal y reduce dependencia estructural.
La responsabilidad individual implica reconocer que los derechos ciudadanos van acompañados de deberes:
cumplir la ley, respetar normas de convivencia, honrar compromisos y contribuir al bienestar colectivo. Cuando esta reciprocidad se debilita, aumenta la carga sobre el Estado, se erosionan los incentivos al cumplimiento y se deteriora la confianza social.
El conjunto de valores, actitudes y comportamientos que orientan la relación de los ciudadanos con la ley, las instituciones y los demás miembros de la sociedad permite respetar reglas de tránsito, cumplir obligaciones tributarias, participar en procesos democráticos, resolver conflictos por vías legales y cuidar bienes públicos, por ejemplo. Elementos más que suficientes para justificar el fortalecimiento de la cultura cívica.
¨Por todo lo anterior es que el llamado a los bogotanos, allá en Teusaquillo, Usaquén, Soledad, Palermo, Chapinero y muchos otros que tal vez se me escaparán es, ayúdenos a volver a los principios del conservadurismo, en el entendido que el desarrollo sostenible requiere marcos institucionales sólidos, que las sociedades prósperas comparten estabilidad institucional, legalidad efectiva, protección de la familia como generadora de capital social, protección a la libertad de empresa y la cultura de la responsabilidad cívica, conjunto de condiciones estructurales asociadas al desarrollo de largo plazo, a la disminución de la violencia y a la estructuración de una mejor sociedad para nuestros hijos.¨- He dicho, Mónica Sandoval.
